El TC y la píldora

Quizás sea un poco anticipado opinar sobre la decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la política del gobierno respecto de la píldora del día después, por considerarla abortiva, dado que el fallo aún no ha sido publicado. Lo preocupante del fallo es su extensión, pues supuestamente podría además prohibir, de un pincelazo, los dispositivos intrauterinos.

Sin embargo, es fácil anticipar una de las discusiones que vendrá. Ella dice relación con la composición del Tribunal Constitucional. Debido a que el tema que se resolvió no es técnicamente sólo un tema constitucional, sino también valórico, resultará por lo menos predecible que se cuestione el criterio que usaron los ministros que votaron a favor de la prohibición, si es que se basaron no sólo en su forma de entender la Constitución, sino también en sus creencias personales (tal como lo hicieron los parlamentarios que presentaron el requerimiento).

Y si este cuestionamiento ocurre, entonces la elección de los ministros del Tribunal Constitucional (por lo menos en lo que a la designación realizada por el Senado y la nominación por la Cámara de Diputados se refiere) podría verse afectada por consideraciones sobre temas valóricos respecto de los cuales un ministro no debería pronunciarse. No parece una buena idea que la elección de los ministros del TC se asemeje a la forma en que los ministros de la Corte Suprema son elegidos en Estados Unidos, conviertiendo la designación en una maniobra política en que los miembros son designados por tener una escala de valores acorde con el gobierno de turno (lo que ha convertido a esta Corte en dos trincheras de jueces "conservadores" y "liberales").

Quizás el riesgo no sea tan alto, debido a que -a diferencia de los ministros de la Corte Suprema de Estados Unidos, cuyo cargo es vitalicio- los ministros del TC duran nueve años en sus cargos, y deben cesar en sus funciones al cumplir 75 años de edad. No obstante, sería aberrante que cada vez que deba elegirse un nuevo ministro del TC, su elección se base en la compatibilidad valórica del candidato con quien efectúa la designación, como una forma de poder usar el TC como una herramienta de control de las políticas del gobierno por parte de la oposición, o viceversa, escudándose en un supuesto control constitucional.